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La Nación: Artigos 45 e 161 da Ley de Medios são constitucionais


14/12/2012 - 23h20

Ley de Medios
Viernes 14 de diciembre de 2012 | 21:01

El juez Alfonso dictaminó la constitucionalidad de la ley de medios

do La Nación

El magistrado también llamó “al inmediato levantamiento de toda medida cautelar”; el Grupo Clarín criticó la decisión y notificó que la apelará “de inmediato”

El juez de primera instancia Horacio Alfonso declaró hoy constitucionales los artículos 45 y 161 de la ley de medios, cuestionados por Clarín desde que se promulgó la ley en 2009, según notificó el Centro de Información Judicial. A su vez, el magistrado rechazó la demanda de Clarín y ordenó levantar la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la norma por parte del conglomerado y que fue recientemente extendida por la Cámara Civil y Comercial.

El fallo de Alfonso dictaminó el “rechazó de la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por Grupo Clarín S.A” y ordenó, como consecuencia, “el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso”.

Minutos después de conocerse la medida, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, celebró la decisión y señaló que el Grupo Clarín debe adecuarse de inmediato a la norma. A su vez, el conglomerado de medios notificó que apelará el fallo y aseguró que la medida cautelar “sigue vigente”.

“No se advierte la existencia de un interés superior que autorice a prohibir lisa y llanamente que el sistema de licencias múltiples de radiodifusión sea objeto de un nuevo tratamiento, regulación y distribución”, advirtió el juez en su fallo.

El magistrado también sostuvo que si hay una afectación patrimonial “deberá ser objeto del pertinente reclamo indemnizatorio en su oportunidad” y sostuvo que debido a las cautelares vigentes hasta ahora “han trascurrido más de tres años desde el dictado de la norma, plazo que se estima razonable para que las accionantes [empresas del Grupo Clarín] hubieran elaborado racional, conveniente y organizadamente un programa progresivo de adecuación”.

Como embestida final, Alfonso dispuso hacer caer la habilitación especial de días y horarios para trabajar sobre esta causa, con lo cual una apelación del Grupo podría llegar a la Cámara recién en febrero, cuando finalice la feria judicial de verano.

La decisión de Alfonso se conoce tres días después de que el fiscal del caso, Fernando Uriarte, afirmara que los artículos cuestionados no era inconstitucionales. “No conculcan los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín”, había escrito el fiscal. Además, había considerado que “no se han expuesto argumentos relevantes” sobre los “alegados ataques a la prensa independiente” invocados al pedir la inconstitucionalidad de la ley.

“La admisión de la pretensión de los demandantes implicaría una invasión del Poder Judicial en la zona de reserva de otro poder del Estado”, había conluido el fiscal, que en 67 páginas rechazó, en duros términos, todos los argumentos de Clarín.

Uriarte había llamado al juez Alfonso a decidir sobre la cuestión de fondo: si los artículos que objeta Clarín son o no inconstitucionales, en el término de cinco días, fecha que se cumplía el martes próximo. Alfonso falló hoy y declaró que ambos artículos son constitucionales.

QUÉ DICEN LOS ARTÍCULOS EN CUESTION

El artículo 45 de la ley de medios establece que un licenciatario sólo puede tener hasta una AM y dos FM en una misma zona geográfica y en ningún caso superar las 10 licencias de radio en total.

El articulo 161 de la ley es el que obliga a desprenderse de las licencias excedentes de canales de televisión, radios y señales en el plazo de un año.

CRONOLOGÍA DE UN COMPLEJO PROCESO

2009

18 de marzo — 
La Presidenta presenta el anteproyecto de la ley. “Esperamos que nadie crea que puede ser dueño de la palabra”, afirma.

10 de octubre
 — El Senado sanciona la ley. Clarín plantea la inconstitucionalidad del artículo de desinversión.

16 de diciembre
 — El juez civil y comercial federal Edmundo Carbone concede la medida cautelar pedida por Clarín para que se suspenda la aplicación del artículo 161 de la ley. Es el que obliga a desprenderse de canales de televisión, radios y señales en el plazo de un año para adaptarse a la nueva norma.

2010

1° de septiembre — 
El Ejecutivo reglamenta la ley de medios pese a la vigencia de dos fallos judiciales que habían paralizado su aplicación. Se detallan regulaciones a los contenidos y se establece que las licencias de las que deban desprenderse los medios quedan expuestas a ser transferidas “de oficio” por el Gobierno.

2012

22 de mayo
 — La Corte Suprema decide que la cautelar que beneficia a Clarín vencerá el 7 de diciembre de 2012

22 de septiembre
 — Se emite por primera vez, en una transmisión de Fútbol para Todos, el spot oficial contra Clarín. Nace el 7-D

27 de noviembre
 — La Corte rechaza ampliar la medida cautelar de Clarín y resuelve que debe fallar la Cámara Civil y Comercial Federal.

5 de diciembre — 
El Gobierno vuelve a recusar a los jueces de la Cámara. El ministro de Justicia, Julio Alak, denuncia un “alzamiento judicial”.

6 de diciembre
 — La Cámara prorroga la cautelar “hasta que haya sentencia definitiva”. El Gobierno anuncia que pedirá la nulidad del fallo.

10 de diciembre
 — En un fallo unánime, la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno en contra de la extensión de la cautelar que benefició al Grupo Clarín.

11 de diciembre — 
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno presentó el recurso ante la Cámara contra la cautelar de Clarín. Además, ese mismo día, el fiscal Fernando Uriarte consideró constitucionales los artículos en cuestión y llamó al Juez Alfonso a pronunciar un fallo en el término de cinco días.

14 de diciembre
 — El juez de primera instancia, Horacio Alfonso, en un fallo sobre “la cuestión de fondo”, dice que los artículos en cuestión son constitucionales. Inmediatamente, el Grupo Clarín informó que apelará ante la Cámara Federal

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5 comentários

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FrancoAtirador

15 de dezembro de 2012 às 18h07

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LEI DE MEIOS PROMOVE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, diz juiz

A sentença do juiz Horacio Alfonso é taxativa e afirma que não há argumentos para declarar a inconstitucionalidade da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, como pretendia o grupo Clarín.
Alfonsi conclui sua decisão dizendo que “as restrições à concentração” não implicam “um prejuízo à liberdade de expressão” e enfatiza inclusive que um regime que articula os direitos dos operadores, ao invés de cercear a liberdade de expressão, está promovendo essa liberdade e não a cerceando.

Por Irina Hauser, do Página/12, via Carta Maior (Tradução: Katarina Peixoto)

Buenos Aires – Não houve 7D, mas o 14D se converteu no dia em que o juiz Horacio Alfonso decidiu levantar a medida cautelar que mantinha o grupo Clarín livre da obrigação de abrir mão de concessões para se adequar à Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual.

A sentença é taxativa e afirma que não há argumentos para declarar a inconstitucionalidade dessa norma como pretendia o Clarín.

Conclui dizendo que “as restrições à concentração” não implicam “um prejuízo à liberdade de expressão” e enfatiza inclusive que “um regime que articula os direitos dos operadores, ao invés de cercear a liberdade de expressão, está promovendo-a”.

Um aspecto interessante da resolução é o que reconhece ao Estado a faculdade de outorgar ou revogar as licenças, sem que isso implique que se possa invocar um direito adquirido.

“Tampouco se reconhece menosprezo concreto e atual a direitos constitucionais de natureza econômica”, acrescenta a decisão, o que não implica que, quando a lei for aplicada, a empresa não possa tentar demonstrar um prejuízo patrimonial e pedir um ressarcimento. Alfonso adverte que o lapso de três anos transcorridos por efeito das medidas cautelares a favor do Clarín é “razoável para que, a esta altura, possa ter sido elaborado racional, conveniente e organizadamente um programa progressivo de adequação”.

O juiz, intimado pela Corte Suprema, teve que trabalhar fins de semanas e feriados.
Sua sentença determina voltar ao regime habitual de segunda a sexta, razão pela qual o Clarín anunciou que, no primeiro minuto hábil de segunda-feira (ainda que tenha cinco dias de prazo), apresentará recurso contra essa decisão que definiu o debate de fundo. Enquanto o grupo sustenta que a mera apresentação desse recurso suspende a aplicação da sentença, o governo acredita em outra interpretação: a lei está reconhecida como constitucional e a cautelar está vencida, portanto, seria um contrassenso voltar aos efeitos que essa medida produzia.

A lei não fica suspensa com a apresentação do recurso, defende o Executivo.

Como é evidente, será um ponto de controvérsia, que seguramente dirimirá (a esta altura) a famosa Câmara Civil e Comercial, que há alguns dias outorgou a extensão da medida cautelar ao Clarín.

Uma variável que não é descartada pelo governo é apresentar um novo “per saltum” que questione a pretensão da cautelar eterna ou o impedimento da aplicação da lei.

Em sintonia com a decisão apresentada na última terça-feira pelo promotor Fernando Uriarte, a sentença de Alfonso diz que o Poder Judiciário não deve analisar “o mérito ou a conveniência” das “soluções legislativas” votadas pelo Congresso.
Para isso, teria que haver um enorme atropelo à Constituição, o que não é reconhecido neste caso.

Uriarte disse que o Clarín usou o pleito de inconstitucionalidade só porque não gosta da lei.

Um ponto curioso é que, no momento de definir quem deverá pagar os honorários dos advogados, Alfonso resolve que cada um arcará com sua parte (Estado e Clarín), ainda que o habitual seja a parte derrotada pagar os custos.

Alfonso parte da base de que é preciso “prevalecer o direito de telespectadores e ouvintes e não o dos emissores, já que é crucial o direito do público de dispor de um acesso adequado às ideias e experiências sociais, políticas, estéticas e morais de outro tipo”.

E toma essa norma da Corte Suprema dos EUA que também sustenta que para garantir esses direitos é necessária “a prudente regulação e administração do espaço radioelétrico, dos âmbitos geográficos, humanos e técnicos”, que impõe “a necessária intervenção governamental na outorga de concessões”.

Desse ponto de vista, reconhece o Estado como instância responsável pela outorga de licenças a particulares, “o que não deve supor a configuração de direitos preexistentes”, esclarece.
“Sua extinção (revogação) ou modificação está submetida ao critério e à apreciação da Nação”, segundo sua avaliação de “oportunidade, mérito ou conveniência”, diz ainda a sentença.

O texto recorda antecedentes da Corte que afirmam que as frequências devem ser submetidas ao controle e regulação do Estado.

O que subjaz é que as licenças não devem ser outorgadas como negócio, mas sim como parte de uma atividade pública na qual, segundo o juiz toma da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “é indispensável a pluralidade de meios de comunicação, a proibição de todo monopólio nesta área, qualquer que seja a forma pela qual se pretenda adotar, e a garantia da proteção à liberdade e independência dos jornalistas”.

Ao confirmar a constitucionalidade dos artigos 45 e 48 da Lei de Meios, que se referem à multiplicidade de licenças e aos limites de concentração, Alfonso diz que eles não afetam a liberdade de expressão nem os direitos patrimoniais da empresa.

A liberdade de expressão, diz, “não concede uma absoluta imunidade frente à responsabilidade pela excessiva concentração de propriedade aos operadores de telecomunicações, de modo que a existência de um regime que articula os direitos dos operadores nesta matéria não limita a liberdade de expressão, mas, pelo contrário, a promove”. Tampouco, insiste, se demonstrou que a regulação sobre a concentração de concessões “não seja razoável”.

Especifica, inclusive, que parte do critério para “revogar os resgatar licenças ou concessões e dar-lhes uma nova atribuição deve ser “resguardar os direitos de pluralidade e de acesso à informação”.

Tampouco se reconhece um desrespeito aos direitos constitucionais de natureza econômica, como pode alegar o Clarín.

Poderia eventualmente haver um reclamação patrimonial após a aplicação da lei e um pedido de reparação econômica.

Até agora, Alfonso adverte que o grupo não demonstrou ou precisou o dano patrimonial que invocava em sua demanda. Só ofereceu, descreve, “referências genéricas e carentes de qualquer vinculação a situações de prejuízo econômico específico e suscetível e medição”.

No final, Alfonso descarta as objeções ao artigo 41, que proíbe transferir licenças, considera que não vigora nesta etapa, onde estão previstos mecanismos de transição.

E, para confirmar a vigência do artigo 161, que o fixa o prazo de desinvestimento de um ano, adverte:

“não pode se prescindir o efeito gerado pelas medidas cautelares ditadas (…) transcorreram até hoje mais de três anos desde a publicação da norma, prazo razoável para que os querelantes tivessem elaborado racional, conveniente e organizadamente um programa progressivo de adequação”.

A sentença resgata a essência da nova lei e suas consequências.

“O interesse geral levado em contra pelo novo ordenamento responde ao objetivo de diversificar a oferta informativa e ampliar a possibilidade de exercer a liberdade de expressão à maior quantidade possível de meios de comunicação (…) a partir da elaboração e valorização de novas considerações de interesse geral e com a finalidade de resguardar os direitos de pluralidade e acesso à informação, serão consideradas revogadas ou resgatadas as licenças ou concessões conferidas a seus titulares anteriores devendo proceder-se à sua adequação e nova atribuição”.

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=21412

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Bernardino

15 de dezembro de 2012 às 13h31

Maria Lucia Andrade Pinto,parahems pelo desabafo admiro tb os hermanos sao patriotas e politizados ao contrario desse chiqueiro Portugues.Eu ja falei aqui a Cultura Portuguesa è corrupta e covarde os exemplos sao inumeros haja visto a ditadura ter durado 20 anos com a milicada antipatriota com raras exceçoes: GEISEL E LOTT.Que dizer de um país que dá nome a uma Lei de um Bandido e Torturador como o Canalha FLEURY,protegido da Ditadura!Nao precisa falar mais nada!!
O Guerreiro NESTOR KICHNER na Academia militar de PALOMA em solenidade de Cadetes,vendo o retrato do Ditador VIDELA na galeria,chamou seu ajudante de ordens e providenciou uma escada ao mesmo tempo pegou o retrato e espatifou nos pes do Comandante do exercito de lá,logo depois fez a lei de colocou todos torturadores na CADEIA em seguida enquadrou a MIDIA BANDIDA e hoje vemos os resultados;
Quando no Brasil teremos um Macho como ele?Nunquinha e digo mais nesse caldo Portugues temperado com Igreja Catolica so deu GETULIO VARGAS que arquitetou a Naçao Brasileira em que pese o Estado NOVO!!

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Bonifa

15 de dezembro de 2012 às 11h29

Aqui, antes de uma lei como a da Argentina, precisamos primeiro: 1) Responsabilizar penalmente os jornalistas que devem ser responsabilizados, assim como suas empresas. A impunidade neste campo é atestado de grosso subdesenvolvimento. 2) Que quem possa bancar a iniciativa, que esqueça a Internet por um instante e se dedique a viabilizar um grande jornal de papel, de circulação nacional, e de linha editorial digna de ser classificada por gregos e troianos como independente. Será sonhar demais, em um país de 200 milhões de habitantes que é a sexta economia do planeta? 3) Fazer um antilobby da mídia, na época de eleições. Não reeleger gente como o deputado que se descabela para proteger jornalista criminoso.

Responder

FrancoAtirador

15 de dezembro de 2012 às 01h05

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JUIZ DECLARA CONSTITUCIONAL LEI DE MEIOS NA ARGENTINA

Página 12, via Carta Maior (Tradução: Katarina Peixoto)

Buenos Aires – O procurador Fernando Uriarte já havia se pronunciado pela constitucionalidade dos artigos da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual questionados pelo grupo Clarín, e havia recomendado ao juiz Horacio Alfonso que rejeitasse o pedido de inconstitucionalidade apresentado pelo grupo multimídia.

Desta maneira se resolve a denominada “questão de fundo” a respeito de como devem se adequar os diferentes grupos midiáticos à quantidade de concessões que cada um deles pode ter.

Veja aqui a sentença completa:(http://www.pagina12.com.ar/fotos/20121214/notas/fallo.alfonso.pdf)

O pronunciamento de Uriarte explicava que a demanda do Clarín demonstrou ser de natureza exclusivamente patrimonial, como já assinalou a Corte em maio último, baseada no direito de propriedade e de livre comércio.

Embora a empresa tenha invocado, por exemplo, que a limitação de concessões afetava a liberdade de expressão, para o procurador não “foram expostos argumentos relevantes para invalidar as normas questionadas em virtude de afetação dos direitos constitucionais de liberdade expressão da imprensa”.

O ângulo da análise constitucional, sustentou o procurador, tem que ser outro.
Uma de suas conclusões era de que o Clarín não está em condições de alegar “uma situação jurídica consolidada” porque se encontrava anteriormente “em situação de infração ao regime de multiplicidade de licenças” da velha lei de Radiodifusão (22.285).
“Deve descartar-se”, sustentou, “o pedido de inconstitucionalidade baseado na garantia da inviolabilidade da propriedade uma vez que nada obsta que uma nova lei modifique, suspensa ou mesmo destrua um mero interesse, uma simples faculdade ou um direito em expectativa”.
Em sua resolução de terça passada, o procurador também sustentou que “não é lícito invocar um suposto direito adquirido para paralisar o exercício da função normativa do Estado”.

A decisão de Uriarte referia-se, em essência, aos artigos 41 (que limita e exige autorização para a transferência de licenças), 45 (que estabelece os limites de concentração de licenças), 48 (multiplicidade de licenças) e 161 (fixa o prazo de um ano para abrir mão das concessões em excesso) da Lei de Meios.
E afirmava que em nenhum caso o Clarín apresentou razões válidas que permitisse aventurar uma declaração de inconstitucionalidade, que foi assim rejeitada.

Além disso, sustentou, “sob a aparência de um pedido de inconstitucionalidade” o que “persegue na verdade” é que “o Poder Judiciário decida sobre o acerto ou desacerto do regime de transferência, multiplicidade e adequação das licenças de comunicação audiovisual desenhado pelo Congresso no âmbito de suas atribuições constitucionais”.
“Não pretendem que o Poder Judiciário exerça o controle constitucional que lhe é próprio, mas sim que atue substituindo um dos poderes políticos, cuja gestão não os satisfaz”.

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=21408

Responder

    Bonifa

    15 de dezembro de 2012 às 11h57

    “Não pretendem que o Poder Judiciário exerça o controle constitucional que lhe é próprio, mas sim que atue substituindo um dos poderes políticos, cuja gestão não os satisfaz”.
    .
    Com esta sentença, o juiz argentino tocou no ponto nevrálgico de toda a questão. A Oposição e sua Mídia, tanto aqui quanto na Argentina, quer que o Judiciário dê um golpe institucional e governe de fato, coisa que lhe é vedada pelas Constituições de lá e de cá. O STF do Brasil também precisa pensar assim, como este juiz argentino, precisa ter a altivez de se recusar a tentar governar em lugar dos poderes que têm a exclusividade de governar. Porque a verdade é que a mídia oposicionista do Brasil acredita que pode controlar nosso Poder Judicário, já que quer por força exercer poder e não pode controlar os dois poderes eleitos pelo povo. Um senador recentemente cassado por seu envolvimento com criminosos comuns, antes de cair em desgraça, era herói da Mídia e apareceu em destaque falando que “Só nos resta o Supremo.” Palavras de Demóstenes. A Mídia do Brasil quer exercer poder de modo ilegítimo e espúrio, quer governar através do controle que ela mesma pensa ter do Poder judiciário. Deduzimos então que nosso poder judiciário precisa, para se recompor civilizadamente, de sacudir fora o quanto antes o encosto da Mídia partidária e parcial, renunciando ao paraíso midiático que ela promete para envolver suas vítimaas.


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